Australia se convirtió en uno de los primeros países en restringir el acceso a los vaporizadores con nicotina bajo un modelo médico: solo con prescripción y adquiridos en farmacias. Lo que buscaba frenar el acceso de jóvenes y brindar una herramienta de cesación para adultos, terminó abriendo la puerta a un floreciente mercado ilícito ya nuevas desigualdades en salud pública.
En menos de dos años, los resultados fueron claros: la gran mayoría de personas que vapean acuden al mercado no regular; apenas un 2% accede por la vía legal en farmacias. Mientras tanto, los cigarrillos continúan disponibles en millas de puntos de venta sin mayores restricciones. A ello se suman impuestos al tabaco entre los más altos del mundo, que lejos de reducir el consumo han empujado a las poblaciones más vulnerables hacia un gasto desproporcionado y hacia circuitos ilegales de distribución.
Lo que prometía proteger a los jóvenes y reducir el consumo hoy muestra una radiografía de fracasos:
⦁ Más del 90% de los vapeadores en Australia acceden por vías ilegales, evitando el sistema médico y comprando productos en un mercado no regulado cada vez más grande.
⦁ El consumo en jóvenes aumentó, con desechables de alta nicotina vendidos sin control en redes sociales y hasta gasolinaras.
El comercio ilícito creció al punto de generar incendios y violencia en tiendas vinculadas al contrabando.
Los altos impuestos al tabaco castigan a las poblaciones más pobres, sin lograr una reducción significativa en la prevalencia del consumo.
Este modelo refleja lo que los especialistas denominan una ’lógica prohibicionista’: un enfoque que, en lugar de regular con criterios de salud pública y reducción de daños, apuesta por la restricción absoluta y la criminalización de las personas usuarias. El resultado es conocido: mercados ilegales, mayor exposición de adolescentes a productos sin control, barreras de acceso para quienes buscan dejar de fumar y una carga creciente para los sistemas de seguimiento de la norma e incluso de seguridad.
Para Colombia, este caso ofrece una advertencia. La tentación de replicar medidas punitivas o de prohibición, ya sea mediante restricciones excesivas al vapeo o incrementos desmedidos de impuestos al tabaco, puede tener consecuencias similares: crecimiento del comercio ilícito, pérdida de recaudo, criminalización de usuarios y un retroceso en materia de salud pública.
"La reducción de daños en Colombia no puede seguir viéndose como un interés privado ni como promoción del consumo. Es un enfoque respaldado por la evidencia y reconocido en distintos instrumentos de política pública. El país necesita avanzar hacia su implementación real en un espectro amplio, que incluya la participación, la innovación y el respeto por los derechos de las personas usuarias. Limitarlo solo a lo médico o al prohibicionismo con barreras es desconocer su potencial transformador para la salud pública y la justicia social". dice Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social
El país tiene la oportunidad de mantener un sistema regulatorio moderno, equilibrado y basado en evidencia. Uno que proteja a los jóvenes, ofrezca a los fumadores adultos alternativas más seguras y reduzca la carga sanitaria asociada al tabaco. Esto implica ver la nicotina con una mirada distinta: no desde la utopía de un ’mundo libre de nicotina’, sino desde la urgencia de reducir daños y salvar vidas.
Colombia y América Latina no deben repetir el error australiano. Regular no es prohibir: es garantizar reglas claras, proteger la salud pública y reconocer la autonomía de las personas adultas. El debate está abierto, y las decisiones que se tomen hoy marcarán el rumbo en la lucha contra el tabaquismo y en la defensa de políticas más públicas humanas y efectivas.
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